Senadores y representantes de EU quieren regresar las tarifas a las importaciones de acero mexicano.

La estadística del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que encabeza Gina Raimondo, muestra que México exportó 4.4 millones de toneladas métricas de acero hasta noviembre de 2022 (estima que el volumen cerró en 4.8 millones en todo el año), mientras que en 2021 fueron 4.3 millones de toneladas. Apoyado en el reporte sobre desempeño de medidas de sanción, que incluye aranceles bajo la sección 232, el Departamento de Aduanas y Seguridad Fronteriza detalla que ese volumen fue de 2.8 millones de toneladas métricas en promedio anual, esto es, del doble de las registradas entre 2015 y 2017 (previo a la imposición de tarifas bajo la Sección 232 de 25% al acero y 15% al aluminio).

Éste es el argumento de los senadores y representantes estadunidenses para que se restablezcan las tarifas a las importaciones de acero mexicano bajo la sección 232, y que documenta la Coalition for a Prosperous America, cuyo vicepresidente es Dan DiMicco, presidente emérito de la Nucor Steel, empresa acerera número uno de EU y la que reclama para sí que el pastel que han ido perdiendo los chinos, coreanos, ingleses, brasileños, australianos, argentinos, indios, etcétera, no se lo han comido ellos, sino los mexicanos.

El hecho es éste: el 17 de mayo de 2019, negociado por Jesús Seade (entonces subsecretario de la SRE) con Robert Lighthizer (el exnegociador comercial con Trump), México acordó con EU la eliminación de las tarifas al acero y al aluminio impuestas por Trump dos años antes, durante la tensa renegociación del T-MEC forzada en 2015. Para levantarlo se convino un mecanismo de monitoreo del comercio, del que se encargaba en México la Dirección de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, que suponía la autorregulación de la industria del acero y aluminio, que sería vigilada a través de “permisos automáticos previos a la exportación”, para mantener el agregado “dentro del margen histórico” exportado a EU.

En agosto de 2020 se publicó en el DOF el mecanismo, pero se estableció que su vigencia terminaría el 30 de junio de 2021. La petición de los acereros no se ha traducido en el inicio de consultas con la USTR, de Katherine Tai, y la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, el caso está armado de tal forma que parecen inevitables, pese a que las exportaciones estadunidenses a México representan el 14.6% de nuestro mercado y las ventas mexicanas representan el 3.3% de su consumo de acero.

El punto: hay un informe del CBP en el que se detalla que algunos subproductos de acero mexicanos, incluyendo tubos, lámina rolada, varillas para construcción, perfiles, productos semiterminados se introducen mal clasificados a EU (como si el CBP fuera tan permisivo) y eso explica que hayan superado entre 111% y 400% los volúmenes históricos acordados para levantar la imposición de aranceles en 2019.

México, efectivamente, exportó medio millón de toneladas de esos productos en 2017 y ahora exporta cerca del millón, pero ninguna empresa de ese país ha probado judicialmente que lo haya hecho con trampas. El caso está en curso de revisión en la Suprema Corte.

El problema es que, si Economía no tiene activo un mecanismo de monitoreo, como el que venció en 2021, es probable que los negociadores estadunidenses, bajo presión política, no vean en ese incremento ni la calidad ni la capacidad ni lo competitivo del precio ni la menor huella de carbón ni el escalonamiento productivo de los productores mexicanos. En fin, el secreto está en lograr una buena documentación contra el argumento del CBP, porque de que habrá consulta, ¡no hay duda!

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